El aborto es un servicio de salud, por lo que es una “contradicción” su permanencia en el Código Penal de la Ciudad de México. Tras 19 años de que se despenalizó el procedimiento hasta la semana 12 de gestación, las y los diputados del Congreso capitalino deben atender este “pendiente histórico”, plantearon integrantes de diversas agrupaciones feministas.
En un pronunciamiento, indican que a lo largo del “histórico camino” que ha recorrido el movimiento feminista por el aborto seguro en la capital del país, no sólo se ha buscado su reconocimiento como un servicio de salud, sino también frenar el estigma, la discriminación y la maternidad forzada, así como garantizar condiciones dignas para quienes deciden maternar.
“En estas casi dos décadas la política pública sobre aborto en la capital se ha fortalecido; sin embargo, estos avances han sido parciales e insuficientes, pues persiste una contradicción entre su reconocimiento en la práctica como servicio de salud y su permanencia en el Código Penal. Esta contradicción no es menor; sostiene la criminalización de quienes ejercen su derecho a decidir y evidencia la urgencia de armonizar el marco normativo con los principios de derechos humanos, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
Ayer, integrantes de Ipas Latinoamérica y el Caribe (LAC), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, REDefine CDMX, Vivas y Libres y Abortion Data, entre otras organizaciones, recordaron algunos datos que proporcionaron la semana pasada sobre la cantidad de carpetas de investigación por aborto existentes en la Ciudad de México.
“La capital es la entidad con más carpetas de investigación y averiguaciones previas por aborto en el país. Entre enero de 2015 y febrero de 2026 se abrieron mil 587 carpetas. Tan sólo en 202 fueron 244, acorde con el reporte de la fiscalía capitalina al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un récord alarmante: se trata de la cifra más alta registrada en la historia de la ciudad y también la más elevada a nivel nacional en ese periodo.”
“Eliminar el aborto de la legislación penal es un paso necesario para erradicar la criminalización, el estigma y las barreras institucionales y estructurales que aún enfrentan mujeres, niñas y personas gestantes. La obligación del Estado es garantizar salud y cumplir con los estándares de derechos humanos, de eso hablamos cuando exigimos el derecho a decidir”, señaló Irene Vázquez, coordinadora de Comunicación para la Incidencia de Ipas LAC, tras romper una piñata en forma de Constitución para abolir el delito de aborto.
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